La política económica debe tener como finalidad básica el crecimiento, la estabilidad y la equidad, sólo posibles mediante una adecuada política fiscal, la seguridad jurídica, la estabilidad monetaria, la apertura al comercio internacional, el reaseguro de la competencia en los mercados, el combate a la evasión impositiva, una reforma racional del sistema tributario, la normalización de la relación fiscal con las provincias, la verdadera regulación de los servicios públicos y la inversión en la red energética en todas sus formas.

La seguridad jurídica es esencial para el crecimiento y el funcionamiento eficiente de una economía, posible gracias al pleno respeto a los derechos de propiedad, la estabilidad y previsibilidad de las normas tributarias y regulatorias, la erradicación de la corrupción y una justicia independiente y eficaz. Asimismo, la estabilidad monetaria es central para preservar el orden y la equidad en las relaciones económicas. Sin estabilidad no hay ahorro, sin ahorro no hay crecimiento sostenible y sin crecimiento no hay desarrollo ni posibilidad de redistribución del ingreso. El equilibrio fiscal es una condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento

Para el logro del crecimiento económico en todos los niveles es prioritario asegurar la competencia en los mercados a los efectos de evitar situaciones que hagan posible el abuso por posición dominante. De lo contrario se producirán necesariamente inequidades.

La acción del estado tendiente a preservar el medio ambiente, así como a incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico, es compatible con el marco de libertad en que deben desenvolverse las relaciones económicas.

El combate contra la evasión debe librarse, de una vez por todas, a fondo. Para ello debe actuarse simultáneamente en dos frentes: a) en la simplificación de la estructura impositiva que atienda principalmente a facilitar el pago y a mejorar el control;  b) en la reforma de  los órganos responsables de la administración tributaria y de aduana. La reducción de la evasión es clave para revertir la falta de equidad social y la competencia desleal que supone que unos paguen y otros no. En ese sentido, creemos que hay motivo suficiente para reducir aún más los impuestos al trabajo.

Debe modificarse el régimen de coparticipación federal de impuestos con el criterio de lograr correspondencia fiscal. El Gobierno Nacional debe reservarse la recaudación de impuestos en la medida suficiente para cubrir sólo su propio gasto, suprimiéndose las transferencias a las provincias. Se deberán devolver potestades tributarias a las provincias para que éstas, en su conjunto, recauden la totalidad de los fondos necesarios para cubrir el gasto provincial consolidado. Un fondo compensatorio, al cual aporten todas las provincias el producido de alguno de sus propios tributos, permitirá, mediante la transferencia hacia las provincias más pobres, mantener en el inicio los montos que actualmente recibe cada provincia.  Un sistema que ponga la responsabilidad de la recaudación en manos del mismo que gasta, alineará los incentivos de los gobernadores por hacer eficiente el gasto y reducirlo lo más posible.

Deberán establecerse incentivos para la investigación y el desarrollo de empresas de software y de alta tecnología (electrónica, robótica, nuclear, espacial, bioingeniería). Debe introducirse la informática en todo el proceso educativo formal.

La Cadena Agroindustrial tiene el potencial de generar desarrollo y trabajo desde el interior del país, y mejoras en los salarios reales, en forma muy superior a las se logran con la distribución de lo recaudado por retenciones a las exportaciones. La actual política centralista de recaudación sigue alentando la migración de población rural a las grandes ciudades, para radicarse en villas miseria que luego viven del clientelismo político. Impide también  el desarrollo armónico y sustentable de la producción agropecuaria No es eficiente gravar con mayores impuestos y trabas que reduzcan la rentabilidad y por ende la propensión a invertir, al sector más eficiente de la economía. Por ello nos proponemos eliminar en forma gradual estas distorsiones, aplicando simultáneamente una serie de políticas articuladas de mediano y largo plazo que permitan el despliegue del potencial del sector. Estas políticas incluirán fuertes inversiones vinculadas a la infraestructura, tecnología, logística y capacitación imprescindibles, tanto  para la obtención de mayores producciones (y productividad), como para el manejo de tales volúmenes.

Las actuales condiciones de infraestructura y servicios públicos, no puede continuarse. En tal sentido creemos necesario para revertirlas y normalizarlas:

  • Los marcos regulatorios aplicables a los servicios públicos y concesiones, deben enmarcarse en reglas procompetitivas, asegurando la estabilidad jurídica y tributaria, asignando la responsabilidad regulatoria a entes federales en los casos de servicios e infraestructura de carácter interprovincial.
  • El sector de hidrocarburos debe contar con un marco legal que consolide la desregulación de la industria y contenga facultades concurrentes en materia de legislación ambiental.
  • Debe mejorarse la competencia en el mercado de combustibles, combatiendo al mercado informal y activando el negocio de oportunidad del mercado externo. Debe revisarse el régimen tributario sobre los combustibles, que introduce distorsiones en el parque automotor y en el proceso de refinación por la baja carga impositiva del gasoil, en relación con las naftas, pero manteniendo la carga promocional del Gas Natural Comprimido por sus ventajas ambientales.
  • En el sector eléctrico se deberán introducir ajustes para asegurar inversiones en las áreas de generación y transporte. También se deberá rever la normativa vigente para la expansión del sistema de transporte eléctrico en alta tensión para motivar la inversión privada.
  • Deberá alentarse el uso de energías no convencionales, en particular en aquellas zonas fuera de las redes habituales de abastecimiento.
  • La red caminera deberá asegurar un nivel de accesibilidad razonable a las distintas regiones del país.
  • El mercado de las telecomunicaciones debe someterse a la mayor apertura y competencia.

Deberán establecerse incentivos  para la investigación y el desarrollo de empresas de software y de alta tecnología ( electrónica, robótica, nuclear, espacial, bioingeniería). Debe introducirse la informática en todo el proceso educativo formal.

La creciente demanda de bioenergías, junto a crecimientos significativos en la demanda de proteínas, grasas y lácteos, generan una situación muy favorable para la radicación de inversiones en todas las regiones del país, y por ello serán alentadas.