La Seguridad constituye una función esencial e indelegable del Estado, quien ostenta el monopolio legítimo de la fuerza. Su prestación privada es subsidiaria de la responsabilidad estatal y debe estar sometida a supervisión y control.

Actualmente, la falta de seguridad es una de las principales preocupaciones de la población. Si bien es necesario destacar la influencia de los factores socioeconómicos, demográficos y culturales, que hacen que el éxito a mediano y largo plazo de la lucha contra el crimen dependa en buena medida de la evolución y distribución del ingreso, de la educación, de los resultados de la lucha contra la droga y de la eficacia de las redes de contención social, la seguridad puede mejorarse sustancialmente mediante una acción conjunta sobre todos los elementos del sistema en forma coordinada. Para ello, proponemos:

  • Jerarquizar las fuerzas policiales, que deberá integrarse con personal seleccionado y educado en el conocimiento de la ley y de sus deberes y límites, y estar bien equipadas y remuneradas
  • La legislación procesal penal debe ser actualizada en forma permanente en función de las modificaciones que experimenten las modalidades delictivas. Debe mantener el equilibrio de poner límites a la acción policial sin neutralizarla.
  • El sistema carcelario debe modernizarse, ampliando la capacidad y mejorando el estado de las cárceles, que hoy impide la recuperación de los delincuentes y los somete a mayor sufrimiento y degradación.
  • Los sistemas de inteligencia policiales, del Estado y de las fuerzas de seguridad, piezas fundamentales para el éxito de la lucha contra el delito, deben aportar información anticipada y esclarecedora
  • La actitud de la comunidad es central. Una sociedad indiferente, que se deja ganar por el miedo y asume una posición pasiva e inocua contra el delito, crea una situación de anomia, en la cual tanto la policía como la justicia ven disminuida su eficacia por falta de respaldo social.