Creemos que debe democratizarse a fondo la representación de los trabajadores. El monopolio de representación sindical no tiene justificación de naturaleza política, ni económica ni social.

Es preciso garantizar la libertad de agremiación y las asociaciones sindicales deben establecerse como entidades civiles, sujetas al control de la Inspección de Personas Jurídicas y no al del Ministerio de Trabajo.

El crecimiento genuino del nivel de los salarios reales –sostenible en el tiempo y protegido de avatares inflacionarios-  sólo puede resultar del aumento de la productividad laboral, lo que a su vez dependerá de la acumulación de capital y tecnología y de una apropiada organización de la producción. La creación de empleo sólo proviene de la inversión y del desarrollo, los que deben compensar en exceso el aumento de productividad.  Las relaciones del trabajo deben considerar estas circunstancias con el objeto de lograr el mayor beneficio para los trabajadores, evitando medidas inmediatistas o voluntaristas, que finalmente los perjudican.

Un muy alto costo de ruptura del contrato laboral significa un desaliento a la creación de nuevos empleos. Se debe crear un sistema que permita al trabajador despedido y desempleado contar con un nivel de ingresos que le permita afrontar su situación por un tiempo razonable. Creemos en la conveniencia de un seguro de desempleo gestionado transparentemente que reemplace los sistemas vigentes que en muchos casos no garantizan la percepción de una compensación para los trabajadores y representan un elevado costo para las firmas.